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A una semana de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad o COP16 de Cali, el evento internacional más importante del cuatrienio de Gustavo Petro, Colombia no está en calma. A 150 kilómetros de la principal ciudad del suroccidente del país, el Gobierno desarrolla un operativo militar de grandes magnitudes para tomar el control de El Plateado, una población asediada por las disidencias de las extintas FARC. Al mismo tiempo, el presidente asegura que es víctima de un “golpe de Estado”, después de la decisión del Consejo Nacional Electoral de investigar la financiación de su campaña, y promueve una movilización popular el 23 de octubre, en plena cumbre.
En el país político, afloran los debates jurídicos alrededor de si la decisión del CNE apunta o no a un “golpe de Estado”. Seis juristas que hablaron con EL PAÍS América Colombia coinciden en que la afirmación del presidente es infundada y exagerada, pero están divididos sobre la decisión inédita del organismo que vigila a las campañas electorales. El CNE es un órgano creado en 1991, constituido por políticos de distintos partidos lo que ha llevado a serias críticas acerca de su independencia. Es la primera vez que investiga formalmente a un mandatario. Usualmente se investigaba a los directores de las campañas, pero no a los presidentes.
Uno de los promotores de la investigación contra Petro es Álvaro Hernán Prada, excongresista del opositor Centro Democrático y muy cercano al expresidente Álvaro Uribe. Prada es uno de los investigados por la justicia en el caso de presuntos sobornos a testigos, que tiene a Uribe en juicio penal. Analistas como Diana Calderón afirman que, con su decisión, el CNE le entregó una tremenda “bandera electoral a Petro para el 2026, porque alimenta su discurso”.
En efecto, Petro ha respondido con un llamado a la movilización popular, al balcón, como lo hizo cuando era alcalde de Bogotá y la Procuraduría de la época lo destituyó por un breve tiempo. Frente a ese caso, la Corte IDH señaló que los solo los jueces penales pueden remover de su cargo a funcionarios electos por voto popular. Ahora, Petro dice que es igual porque la investigación del CNE puede llevar a un juicio en el Congreso. Sin embargo, de acuerdo con fuentes consultadas por el periodista Juan Diego Quesada, en su entorno consideran que, si bien el CNE se está extralimitando, no está socavando los cimientos de la democracia.
La investigación, si es que prospera, se alargaría más allá del 7 de agosto de 2026, cuando inicie el cuatrienio presidencial siguiente. El mandatario no solo hizo un llamado a su cuerpo diplomático para que “alerten al mundo” de lo que él considera golpe de estado, sino que también ha promovido una movilización popular, en medio de la COP 16.
La Cumbre también está atravesada por otro hecho más delicado, la creciente tensión del conflicto armado en el Cauca. Ante el ambiente crispado y temiendo posibles represalias de las disidencias a la incursión militar que el Gobierno realiza en El Plateado, las autoridades han reforzado la seguridad en Cali con más 11.000 policías y vehículos blindados y Petro ha insistido en que “la seguridad de la COP16 está garantizada”.
En El Plateado, mientras tanto, esperan que la incursión del Ejército, con 1.400 militares y otros estamentos del Gobierno no se quede en fotos de los funcionarios del gabinete (que se presentaron con chalecos antibalas ante una población desprovista de ellos) y así como en la COP16 su seguridad esté garantizada.
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Publish date : 2024-10-15 12:59:00
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Author : theamericannews
Publish date : 2024-10-20 16:08:25
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